Hace unas semanas publiqué un artículo titulado “Obesidad regulatoria: cuando las reglas dejan de ser la solución”, donde analizaba cómo el exceso de normas puede acabar paralizando al propio sistema que pretende mejorar.
Hoy, un reportaje de El Mundo vuelve a poner el foco en este problema: España aprueba una nueva norma cada 45 minutos, y los plazos administrativos fijados por esas mismas normas se incumplen de manera generalizada.
El resultado es un círculo vicioso: el exceso normativo, lejos de aportar seguridad o eficiencia, frena la inversión y debilita la competitividad del país.
¿Qué está pasando?
Según datos citados en el artículo, España acumula más de 12.000 normas sectoriales, y la tendencia sigue al alza. Los sectores más afectados son los de agricultura, construcción, energía y actividades profesionales, todos ellos pilares económicos que necesitan agilidad para invertir, construir o innovar.
Pero lo más grave no es solo la cantidad de normas, sino su incumplimiento.
El informe de KPMG y el Ministerio de Industria (u organismo relevante que lo haya encargado) revela que los plazos administrativos se duplican o triplican respecto a lo establecido por ley:
- Una licencia urbanística debería resolverse en 7,9 meses, pero tarda 12,8.
- Una autorización ambiental integrada que debería resolverse en 21 meses se retrasa más de 15 adicionales.
- Una licencia de actividad pasa de 6 a casi 18 meses.
Y mientras tanto, los proyectos —muchos de ellos estratégicos o “verdes”— se quedan bloqueados en un limbo administrativo.
¿Por qué es un problema?
Cada nueva norma genera nuevas exigencias, nuevos formularios y nuevos plazos. Pero rara vez elimina los anteriores.
El resultado es un sistema ineficiente, redundante y desconectado, donde las distintas administraciones piden la misma información una y otra vez, en formatos incompatibles y con herramientas que no se comunican entre sí.
Esto no solo retrasa proyectos:
- Desincentiva la inversión. Las empresas no pueden planificar con certeza cuándo tendrán las autorizaciones necesarias.
- Encarece los costes. Cada trámite implica más horas, más personal y más documentación.
- Reduce la competitividad. Los países con marcos regulatorios más simples atraen más inversión y talento.
En resumen: tenemos más normas que soluciones.
¿Qué deberíamos hacer?
Como decía en el artículo previo, no se trata de eliminar la regulación. Se trata de adelgazarla.
Debemos priorizar la calidad sobre la cantidad, medir el impacto real de cada nueva norma y eliminar duplicidades que no aportan valor.
En otras palabras, aplicar una verdadera “dieta regulatoria”:
- Revisión sistemática de normas existentes: identificar las que ya no tienen sentido o se solapan con otras.
- Simplificación de trámites mediante ventanillas únicas digitales reales, no meros repositorios de formularios.
- Rendición de cuentas administrativa: que cada organismo publique los tiempos medios reales de tramitación y su nivel de cumplimiento.
- Evaluación de impacto regulatorio ex post, no solo antes de aprobar la norma.
Solo así podremos transformar un marco legal que hoy actúa como freno en una verdadera palanca de competitividad.
Conclusión
España no necesita más normas.
Necesita una administración capaz de simplificar y eficientar los tramites y cumplirlos.
Hasta que eso ocurra, seguiremos atrapados en nuestra propia obesidad regulatoria: una maraña legal que, con la mejor de las intenciones, termina asfixiando aquello que pretende proteger.
Os recomiendo la lectura del artículo de El Mundo: España, atrapada en su propio laberinto burocrático: una norma nueva cada 45 minutos y una década para tramitar un proyecto