El contenido lo explotan unos pocos. El continente lo puede arrendar cualquiera con los ingredientes adecuados: no hace falta elegir el primero para llevarte una parte del negocio. El que también gana no es solo quien mejor produce dentro del local: es el casero del edificio, el que cobra el alquiler. España lleva un tiempo mirando con cierta resignación cómo Gemini, Copilot, OpenAI, Anthropic, Mistral, DeepSeek, GLM, Kimi o Qwen compiten por quedarse con el mercado de los grandes modelos de inteligencia artificial. Y en esa carrera es muy complicado que España aporte nuevos competidores. Pero hay otro negocio, menos glamuroso y con una oportunidad real de tener un papel muy relevante: la infraestructura física donde viven esos modelos. Electricidad, suelo, conectividad. Y aquí, aunque pueda sorprender a algunos, España tiene más recursos de los que suele reconocerse. Porque hay que tener clara una cosa: toda economía digital necesita, sí o sí, una base física —edificios, energía, redes de comunicación terrestres, móviles y satelitales, servidores— por mucho que parezca que todo ocurre en la nube (que aunque parece muy etérea, se soporta en algo mucho más tangible).
Para ser el arrendador hacen falta, al menos, cinco cosas: electricidad, suelo, buena conexión a internet, profesionales formados y una regulación y gestión de permisos eficaz. España, dicho sea con humildad pero con la certeza que demuestra la realidad, anda sobrada en varias de ellas: tiene sol, viento y agua —hidráulica y marítima—, además de ya varias décadas de dinero público y privado metido en parques renovables y otras infraestructuras de generación, infraestructuras de telecomunicaciones de alta capacidad, y una fuerte inversión en centros de datos. Cuenta, también, con esa posición geográfica que la convierte en punto de paso natural para los cables submarinos que cruzan el Atlántico (aunque aquí hay mucho margen de mejora, sobre todo en Galicia) y sectores con empresas con experiencia y grandes profesionales. Los ingredientes están en la despensa (y no, no se me olvida la parte más administrativa, pero ahí España anda menos sobrada debido a la complejidad normativa territorial), y hay que sacarle partido.
Algo que leía hace poco en un análisis de Demócrata sobre por qué importa dónde vive un centro de datos (¿Qué es un centro de datos y por qué importa tanto dónde esté?) me hizo aterrizar la idea: producir energía limpia y no saber qué hacer con ella no es una ventaja, es un déficit disfrazado de logro. Existe un fenómeno con nombre técnico —el «curtailment»— que consiste, sin adornos, en apagar o desaprovechar generación renovable porque la red no puede absorberla en ese momento. Y el problema no se queda ahí: falla también la parte menos vistosa y no menos cara: la red de distribución, esas líneas y subestaciones que tienen que llevar la electricidad desde donde se genera —a menudo zonas rurales con mucho sol o mucho viento— hasta donde realmente se necesita. Ampliar y modernizar esa red no es barato ni rápido, y sin ella, toda la energía renovable del mundo se queda varada donde nació. Según un análisis de Aurora Energy Research, solo en junio de 2026 España desaprovechó 1,2 TWh de generación renovable —un máximo histórico, casi seis veces más que en junio de 2025—, y en el conjunto del primer semestre el desperdicio alcanzó 2,5 TWh, un 50% más que en todo 2024. España ha puesto mucho foco en un tercio del negocio —construir la central, la parte de generación— y tropieza en el resto de la ecuación, que también necesita una inversión relevante y constante: llevar la electricidad (distribución) y usarla.
Ese es el hueco exacto que puede ocupar un centro de datos. No como capricho tecnológico, sino como el cliente que por fin consume la energía que ya estaba pagada —y, en algunos casos, incluso puede instalarse cerca de donde se genera, aliviando parte de esa presión sobre la red. La pregunta que de verdad importa no es solo cuánta luz consumen esas instalaciones, sino qué se está haciendo con la luz que ya se genera y se tira.
Aquí, eso sí, no todo son buenas noticias: en el pasado España ya tuvo la ocasión, y no la supo aprovechar. A finales de los 80, Telefónica construyó su propio buque cablero, el Atlántida, con base en el puerto de Vigo, para cubrir el Atlántico sin depender de terceros en el tendido y reparación de sus cables submarinos —años después llegaría el Teneo, ya para el Mediterráneo (una historia muy interesante que se puede leer en «Historia de la red internacional de Telefónica») . Yo visité aquel buque en su día, y todavía recuerdo la sensación: una pieza de ingeniería maravillosa, con capacidad real, funcionando desde el puerto de Vigo. Funcionó más de una década. Y justo cuando internet empezaba a disparar la demanda mundial de cable submarino, a finales de los 90, esa flota pasó a la estadounidense Tyco. El conocimiento estaba, la capacidad estaba, y la innovación —construir un buque cablero propio, en los años 80— tampoco faltó nunca: eso nunca ha sido el problema. Lo que a España se le suele escapar es otra cosa: 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐲 𝐥𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 de sostener un proyecto veinte años después de haberlo lanzado, cuando ya no es noticia y toca, simplemente, seguir invirtiendo en él (es más fácil hablar a toro pasado y todas las decisiones tienen muchas aristas que no siempre se conocen en detalle). Pasa más de lo deseado: mucho esfuerzo construyendo la pieza de ingeniería pero posteriormente no ponemos todo el foco necesario para sostenerla con el tiempo.
Pero la ventana, esta vez, puede que, aún, no esté cerrada. Según contaba hace poco La Voz de Galicia, cinco empresas gallegas se han unido en un consorcio para construir, precisamente en el Puerto Exterior de A Coruña, la primera estación de aterrizaje de cable submarino de Galicia: una instalación capaz de recibir a la vez conexión transoceánica, satelital y terrestre, algo que en la jerga del sector se llama landing cable station. Uno de sus impulsores lo resume con una imagen que cualquier gestor entiende a la primera: se trata de pasar de las «carreteras regionales» de datos a una auténtica autopista de la información. Si el proyecto sale adelante, Galicia tendría por fin su propia puerta de entrada al tráfico mundial de datos —siglo y medio después de que el Cable Inglés abriera oficina en Vigo y conectara la ciudad con medio mundo por telégrafo, y casi treinta años después de que España dejara escapar al Atlántida.
Hasta aquí, todo es electricidad y cemento. Pero hay una segunda capa del negocio que no se mide en vatios, se mide en jurisdicciones y garantía jurídica, y aquí es donde el asunto deja de ser solo energético para volverse geopolítico. Porque no es lo mismo que tus datos —los de tu empresa, los de tus clientes, los de cualquier ciudadano europeo— se procesen en un centro de datos sujeto a la legislación europea que en uno sujeto a otra completamente distinta, con otras reglas sobre quién puede acceder a esa información y en qué condiciones.
Esto no distingue de sector. El RGPD (Reglamento General de Protección de Datos, la norma europea que regula cómo se tratan los datos personales de cualquier persona) aplica igual a un hospital, una aseguradora, una tienda online o una Administración pública. Además en la normativa conocida como DORA (Reglamento de Resiliencia Operativa Digital), de aplicación al sector financiero y asegurador, se añade una capa extra y exige saber exactamente dónde vive cada dato crítico y qué pasa si ese centro de datos concreto se cae, se inunda o, sencillamente, deja de estar disponible por una decisión política ajena a ti. Y el nuevo Reglamento europeo de Inteligencia Artificial, que también es transversal a todos los sectores, empieza a mirar con lupa dónde y cómo se entrenan y ejecutan los sistemas de IA que usa cualquier empresa.
Aquí aparece la paradoja completa: cuanto más digital y global parece tu negocio —sea una fábrica, hospital o tienda de comercio electrónico—, más te conviene que el suelo bajo tus datos esté cerca, sea estable y juegue con tus mismas reglas. La soberanía tecnológica no es una consigna de despacho ministerial; es una casilla más en la lista de riesgos que tienes que poder marcar como cerrada.
Y esa carrera, además, se está decidiendo ahora mismo, no en un futuro abstracto: el Gobierno tramita con carácter de urgencia el real decreto que fijará esas reglas —exigirá que el 80% del consumo eléctrico de los centros de datos venga de renovables nuevas, comprobado hora a hora, no de media anual—, y el propio Gobierno de Aragón, la comunidad que ya concentra más de 48.000 millones de euros en proyectos de centros de datos, ha presentado alegaciones oficiales pidiendo una regulación equilibrada que no frene esa inversión. El edificio, en España, todavía se está construyendo con las reglas puestas sobre la mesa y en plena discusión.
España, con su posición geográfica, su energía, su infraestructura, su talento y su marco regulatorio europeo, no sólo tiene sitio para levantar el edificio. Tiene, además, algo que muchos otros territorios no pueden ofrecer con la misma tranquilidad: la certeza jurídica de saber bajo qué reglas se firma el contrato.
Nadie va a señalar a España como la primera en haber llegado a la fiesta de los grandes modelos de inteligencia artificial. Esa carrera, probablemente, ya tiene ganadores bastante claros y no llevan bandera española. Ahora mismo España, y sus empresas, es inquilina: usa los modelos que construyen otros. Pero la carrera que sí puede ganar es otra: la de convertirse en arrendadora, la que cobra el alquiler siempre, sin ser propietaria de ni uno solo de esos modelos. Mientras unos pocos países compiten por construir el próximo modelo que lo cambie todo, hay otra estrategia más discreta, más aburrida y bastante más suya: ser el sitio donde toda esa inteligencia artificial necesita vivir, comer electricidad y dormir tranquila bajo unas reglas conocidas. España tiene el sol, el viento, el agua, la infraestructura, el talento y el marco legal. En la carrera de los modelos, ya llega tarde. En la construcción del edificio —la energía, el suelo y las reglas del juego— todavía está a tiempo de quedarse con las llaves y jugar un papel muy relevante. Toca dar ese paso, y no lo da uno solo: lo da la iniciativa privada, que pone el interés y el riesgo, lo da el entorno educativo que aporta el conocimiento y el talento y lo da la Administración, que tiene que regular pero de una forma que facilite, acelere y apoye.
Como decimos en Galicia: os réditos non teñen días santos —la renta no tiene fiestas—. No hace falta ganar la carrera: basta con ofrecer alojamiento, infraestructura y talento a quienes sí la corren.